El papel sustancial del Estado en la sociedad
actual es el de asegurar la obtención de los beneficios de las empresas,
permitiendo la acumulación de capital por parte de unas pocas personas (en
comparación a la gran masa trabajadora) y el conservarlo privadamente con
tranquilidad.
En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento principios y pautas comunes de conducta para la protección ambiental.
Entonces el estado debe asegurar las condiciones para que exista un crecimiento económico suficiente para lograr este objetivo.
Por ejemplo, un estado puede aplicar un impuesto sobre la contaminación para alentar a las empresas a adoptar tecnologías más sostenibles, ya que la reducción de la contaminación equivaldría a menos impuestos para las corporaciones.
Sin embargo, un Estado también puede fomentar el buen comportamiento a través de incentivos financieros (o subsidios).
Un ejemplo de esto sería que el gobierno (parcialmente) financieramente reembolse a los propietarios de viviendas para la compra de más aparatos que ahorran energía.
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